Reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿La censura a las redes sociales llegó a México?

¿Qué es y que implica la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión?

Una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha emergido como un punto central de debate en la agenda legislativa, tras la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un nuevo marco legal en la materia.

Las comisiones unidas de Radio y Televisión, Comunicaciones y Estudios Legislativos del Senado aprobaron la propuesta con un resultado de 29 votos a favor y 9 en contra. La reforma plantea la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de un nuevo organismo denominado Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATD), que asumiría las funciones previamente encomendadas al IFT.

El objetivo declarado de esta reforma es la modernización de los procesos regulatorios y la facilitación del despliegue de infraestructura tecnológica, con la finalidad de impulsar un mayor acceso a servicios como el internet de banda ancha en todo el territorio nacional. Adicionalmente, la nueva legislación introduce restricciones destinadas a prevenir la injerencia extranjera en los medios de comunicación y plataformas digitales, prohibiendo la transmisión de propaganda política o comercial proveniente de gobiernos extranjeros, exceptuando aquellos casos con fines estrictamente culturales o turísticos.

En lo concerniente al régimen de sanciones, la reforma estipula que las infracciones podrán ser objeto de multas de hasta el 10 por ciento de los ingresos del infractor. Entre las conductas sancionadas se incluyen la interceptación de comunicaciones sin la debida orden judicial, la obstaculización del acceso a internet y la difusión de información considerada falsa.

El decreto también establece la continuidad de las concesiones vigentes, aunque se prevé una transición de los títulos habilitantes otorgados con anterioridad a 2014 hacia el nuevo régimen. Este proceso implicará un ajuste para aquellos operadores que actualmente se rigen por la normativa precedente. De esta manera, la reforma busca adaptarse a las necesidades actuales del sector, al tiempo que introduce medidas más rigurosas en cuanto a la regulación y supervisión de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el país.

Senado aprueba la Reforma

El Senado de la República aprobó este jueves la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, iniciativa promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo anuncio se había realizado el miércoles. La reforma tiene como objetivo principal impedir que concesionarios y permisionarios transmitan propaganda de índole política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos o entidades extranjeras.

La iniciativa del Poder Ejecutivo, que previamente obtuvo la aprobación en las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía, así como de comunicaciones y transportes, contempla la revocación de concesiones a aquellos medios que difundan este tipo de propaganda, especialmente si se considera un asunto de “seguridad nacional”. A pesar de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, había anticipado horas antes que la iniciativa gozaría de prioridad y se dispensarían trámites para su pronta aprobación en el pleno de la Cámara Alta, este procedimiento se concretó hasta el día jueves.

De acuerdo con el artículo 210 de la ley reformada, los concesionarios de servicios de televisión, radio u otras emisoras tendrán prohibido transmitir propaganda política, comercial o que promueva la agenda de movimientos vinculados a entidades extranjeras. La normativa permitirá únicamente la difusión de propaganda con fines culturales y turísticos, reforzando la prohibición para que gobiernos extranjeros utilicen medios nacionales para influir en la ideología o en los asuntos internos del país.

¿Censura o medida de seguridad?

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, si bien busca regular la influencia extranjera y modernizar el sector, presenta diversas implicaciones y riesgos potenciales para la libertad de expresión, tanto para los medios de comunicación como para los ciudadanos.

Implicaciones y Riesgos para los Medios de Comunicación:

• Restricción al Contenido Informativo: La prohibición de transmitir propaganda política o ideológica de entidades extranjeras podría interpretarse de manera amplia, afectando la difusión de noticias, análisis o documentales que aborden temas internacionales o que puedan ser percibidos como favorables o desfavorables a ciertos gobiernos o ideologías. Esto podría limitar la pluralidad de voces y perspectivas a las que tiene acceso la audiencia.
• Censura Indirecta y Autocensura: El temor a incurrir en sanciones económicas significativas (hasta el 10% de los ingresos) o incluso la revocación de la concesión podría generar autocensura por parte de los medios. Preferirían evitar la difusión de contenidos que pudieran ser considerados «propaganda» por las autoridades, incluso si se trata de información relevante para la ciudadanía.
• Definiciones Ambiguas: La falta de definiciones precisas sobre qué constituye «propaganda política o ideológica» y qué se considera un asunto de «seguridad nacional» genera incertidumbre jurídica. Esta ambigüedad podría ser utilizada para restringir la libertad de expresión de manera discrecional.
• Impacto en la Colaboración Internacional: La ley podría dificultar la colaboración entre medios nacionales e internacionales, limitando la producción y difusión de contenidos conjuntos que enriquezcan el debate público.
• Debilitamiento del Rol de Supervisión: La desaparición del IFT y la creación de un nuevo organismo (ATD) plantea interrogantes sobre la independencia y la capacidad técnica del nuevo ente regulador. Si la ATD no goza de autonomía y expertise, podría ser más susceptible a presiones políticas, afectando su capacidad para garantizar la libertad de expresión y la pluralidad informativa.

Implicaciones y Riesgos para los Ciudadanos:

• Acceso Limitado a Información: Si los medios se ven obligados a restringir la difusión de ciertos contenidos internacionales, los ciudadanos podrían tener un acceso limitado a información relevante sobre acontecimientos globales, diferentes perspectivas políticas e ideológicas, y análisis de temas de interés público.
• Debate Público Reducido: La limitación de la pluralidad de voces en los medios puede empobrecer el debate público y dificultar la formación de una opinión informada por parte de la ciudadanía.
• Potencial para la Censura de Contenido en Línea: Aunque la ley se centra en los medios tradicionales, la referencia a «plataformas digitales» abre la puerta a interpretaciones que podrían afectar la libertad de expresión en internet. La definición de «injerencia extranjera» en este contexto podría ser problemática y dar lugar a restricciones sobre el contenido que los usuarios comparten o consumen en línea.
• Vulnerabilidad ante la Desinformación Doméstica: Al centrarse en la amenaza de la influencia extranjera, la ley podría no abordar adecuadamente el problema de la desinformación generada a nivel nacional, que también representa un riesgo para el debate público y la democracia.

En resumen, si bien la intención declarada de la ley puede ser legítima en cuanto a la protección de la soberanía y la identidad nacional, su redacción y la amplitud de sus prohibiciones generan serias preocupaciones sobre su impacto en la libertad de expresión. La falta de claridad en definiciones clave y el potencial para la aplicación discrecional de las sanciones podrían traducirse en restricciones significativas para los medios y para el derecho de los ciudadanos a recibir y difundir información diversa y plural. Es crucial un debate público profundo y una revisión cuidadosa de la ley para asegurar que no se menoscabe un derecho fundamental como la libertad de expresión.